CEAV, dada su oposición al Contrato Centralizado de Agencias de Viajes de las Administraciones Públicas, junto con otros Sectores afectados (Telecomunicaciones y Servicios de limpieza), se ha reunido con distintos Grupos Parlamentarios con el objetivo de trasladarles nuestra problemática, ya que, a pesar de la intermediación de la Secretaria de Estado de Turismo, no se ha conseguido parar el proyecto liderado por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

Gracias a este trabajo, el PSOE ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que exige al Gobierno que negocie la futura centralización de contratos públicos con los diferentes sectores que se verán afectados, ya que licitar macrocontratos puede llevar a la desaparición a muchas pequeñas y medianas empresas españolas, así como ha registrado una batería de preguntas escritas relativas a los sectores afectados que han contactado con su Grupo para saber, en cada caso, qué efectos podría tener esta centralización en términos de competencia y qué ahorro espera el Ejecutivo, así como qué hará para que esta reducción de costes sea sostenible en el tiempo.

También quiere saber cuál será el efecto de esta decisión en el empleo de cada uno de los sectores, y el impacto que tendrá en las pymes, ya que ha realizado preguntas como: ¿Está el Gobierno en disposición de afirmar que no va a existir ninguna merma en términos de calidad del servicio? ¿Cómo puede garantizarlo? ¿Tiene previsto realizar algún tipo de seguimiento sobre los resultados de las nuevas contrataciones? ¿Qué tipo de controles de gestión tiene previstos para determinar cuáles han sido los resultados, en términos de gasto y de calidad del servicio?.

Y ello porque a la larga este sistema de contratación podría generar sectores con rasgos de oligopolio o crear situaciones de fijación de precios incluso superiores a los que existían con múltiples licitantes, resultando paradójico que, mientras que las autoridades de defensa de la competencia actúan para promover su garantía frente a los abusos de posición dominante o los acuerdos anticompetitivos, en este caso sea la propia Administración la que pueda estar favoreciendo la limitación de la competencia.

Por ello, solicita al Gobierno que abra, con carácter inmediato, y previo a cualquier decisión sobre contratación pública, un proceso de diálogo con las asociaciones empresariales sectoriales y con las asociaciones de consumidores y usuarios, con el fin de evaluar sus posiciones sobre las consecuencias de la centralización de contratos en cada sector.

No obstante lo anterior, es cierto que está prevista la inminente publicación de los pliegos, momento en el que CEAV, una vez estudiados a fondo, valorará la posibilidad de impugnación de los mismos.