• Las cuatro organizaciones habían solicitado la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.
• Un centenar de agentes de viajes han acompañado a los representantes de las cuatro organizaciones en este acto de entrega.

Madrid, 23 de enero de 2025.– El ACAVE, CEAV, FETAVE y UNAV, organizaciones empresariales de agencias de viajes que representan a la totalidad del sector, han entregado hoy, de forma conjunta, un manifiesto en contra del Real Decreto 933/2021 dirigido al Ministerio de Industria y Turismo.

La entrega se ha realizado en el stand de Turespaña en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, a Ana Muñoz, directora de Políticas Turísticas de la Secretaria de Estado de Turismo. Pese a que las cuatro organizaciones habían solicitado la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, estos finalmente han decidido no participar en este acto de entrega, hecho que ACAVe, CEAV, FETAVE y UNAV lamentan muy profundamente. Cerca de un centenar de agentes de viajes han acompañado a los representantes de las cuatro organizaciones en este acto.

Las cuatro organizaciones desean así manifestar su total rechazo al Real Decreto 933/2021 de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, y al borrador de Orden Ministerial que lo desarrolla, que no ha acogido la petición principal del sector de exclusión total de agencias de viajes y operadores turísticos de su ámbito de aplicación y continúa vulnerando el principio de jerarquía normativa.

Asimismo, las cuatro asociaciones presentaron sus alegaciones a la orden ministerial que desarrolla esta normativa exigiendo nuevamente la exclusión de las agencias de viajes del Real Decreto, pues su inclusión resulta totalmente incorrecta e improcedente, pues la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de seguridad ciudadana, en su artículo 25.1, se refiere única y exclusivamente a las actividades de hospedaje y de alquiler de vehículos a motor, servicios que no prestan en ningún caso las agencias de viajes, sin que se mencione como posibles sujetos obligados a la agencias de viajes, a los operadores turísticos o a los intermediarios.

Preocupación en el sector

Desde la entrada en vigor de la norma, el pasado mes de diciembre, muchas agencias han manifestado que esta nueva normativa está colapsando sus medios administrativos, además de que existen muchos problemas operativos en la aplicación de la misma. Hay que tener en cuenta que en España la mayoría de agencias son pymes y micropymes con un personal muy reducido. Estas gestiones requieren ampliar horarios de trabajo o contratar a profesionales exclusivamente dedicados a esta función, lo cual exige una inversión económica fuera del alcance de muchas de estas empresas. A todo ello hay que sumar los problemas técnicos y operativos de la plataforma del Ministerio del Interior.

También se teme una seria afectación comercial: los mercados internacionales están mostrando su preocupación por el elevado volumen de datos personales que el Ministerio del Interior exige comunicar, así como por el tratamiento que se realizará de los mismos. Concretamente, se teme una caída de ventas y que desvíen reservas a otros destinos, con el consiguiente debilitamiento de España como destino, con especial afectación al turismo de eventos. Las Cortes Generales se han pronunciado en varias iniciativas parlamentarias sobre esta normativa exigiendo al Ministerio del Interior que considere los perjuicios que ocasiona a la industria turística y la retire.