Presentará un recurso al entender que la medida ‘limita la participación de pequeñas y medianas empresas’

CEAV recurrirá ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el  contrato unificado para gestionar los servicios de viajes de la Administración del Estado. La Confederación, que considera que esta medida aprobada por el Gobierno perjudicará a pequeñas y medianas agencias de viajes, pedirá su anulación.

CEAV agota todas las vías para evitar la puesta en marcha de un contrato unificado para gestionar los servicios de viajes de la Administración del Estado. Ante su reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el consejo directivo de la Confederación ha decidido presentar un recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En el mismo, que se presentará esta misma semana, se reclamará la anulación del contrato centralizado. Y es que CEAV asegura tener la certeza de que "con este nuevo sistema se limitará y reducirá la participación de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen más del 80% de nuestro Sector".
Además, asegura que los cuatro lotes en los que se divide el contrato, organizado en función de los destinos más habituales o de la ubicación de los centros usuarios del servicio, "son demasiado elevados". A su juicio, esto también "dificulta y restringe" la participación de pequeñas y medianas empresas.

El recurso no paraliza el proceso de adjudicación a pesar de la presentación de este recurso, el proceso de adjudicación del nuevo contrato sigue adelante. Las agencias disponen hasta el 2 de diciembre para presentar sus solicitudes. Con un valor estimado de 171 millones de euros, el contrato unificado, cuyo plazo de ejecución es de dos años, dará servicio a los 13 ministerios, 79 organismos públicos y cinco entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sustituyendo así a los múltiples convenios existentes en la actualidad.

Los aspirantes deben cumplir con determinados niveles de solvencia económica, financiera, técnica y profesional. Asimismo, se permitirá la participación de empresas extranjeras, para lo que se pide como garantía adicional una declaración de sometimiento a la legislación española.